Los “intereses difusos” perjudican a todos los ciudadanos. Las competencias excesivas de los alcaldes van en detrimento de los plenos y del control interno de los concellos. Y las indemnizaciones por derribos de edificios con licencias ilegales pueden arruinarlos.
¿No sería conveniente que los políticos, funcionarios, etc. que hayan tenido un comportamiento ilegal, respondan con su patrimonio?.
Desde este rincón, creemos que no debe ser el ciudadano el que les paguen sus irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades, a través de los fondos públicos.
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lunes, 21 de julio de 2008
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